2008-01-25

¿Hacia el derrumbe de la democracia?

Artículo publicado de Iñigo Urkullu, Unai Ziarreta y Javier Madrazo

¿Cómo interpretar que los principios aplicados por un tribunal puedan ser la base para exonerar de responsabilidad penal a un banquero y que ese mismo tribunal, en un procedimiento de características parangonables, olvide sus propios criterios y condene a tres representantes públicos?

¿Cómo entender que tras un sobreseimiento de la causa y dos sentencias absolutorias se retuerza la lectura jurídica de un caso hasta alcanzar la condena?

¿Cómo comprender que todo el mundo se equivoca en la interpretación de la ley –Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Ministerio Fiscal…– salvo la escabrosa y montaraz “verdad jurídica” de un sindicato ultraderechista, antisistema y de dudosa reputación democrática?

¿Cómo creer en la independencia de unos jueces que, en contra incluso del criterio del Ministerio Fiscal y con el único soporte de una acusación popular ejercida por un sindicato ultra, no han detenido su actuación hasta alcanzar el objetivo condenatorio en un ejemplo palmario del dicho popular de “quien la sigue la consigue”?

La Sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado lunes por la cual se condena a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por un delito de desobediencia es, sin duda alguna, una de las decisiones más graves y de mayor alcance que representantes de un poder del Estado español han protagonizado contra la voluntad democrática de la sociedad vasca desde el establecimiento de la democracia.

Decisión grave no por su impacto personal, que también, sino por la intromisión, desafuero y deslegitimación que supone contra las instituciones vascas, y especialmente contra el Parlamento Vasco, órgano legislativo de la Comunidad Autónoma Vasca, cuya independencia, autoorganización y legitimidad han sido saboteadas por la interferencia de un poder ajeno, contraviniendo no ya la separación de poderes sino su esencia diferenciada marcada en el ordenamiento jurídico vigente.

Decisión de gran alcance ya que, de momento, el Tribunal Supremo ha atropellado a una de las instituciones comunes que los vascos refrendamos a la hora de establecer nuestro vínculo de convivencia en el Estado español, al amparo del título octavo de la Constitución y su desarrollo en el Estatuto de Autonomía de Gernika.

Decimos “de momento” porque mucho nos tememos que esta última actuación judicial politizada, jaleada por quienes desean abortar el autogobierno vasco, sea la antesala de nuevas iniciativas arbitrarias, revestidas de un soporte jurídico indefendible, que tengan como horizonte próximo la condena del diálogo político y como consecuencia práctica la sanción e inhabilitación de la máxima institución del país, del Lehendakari de Euskadi.

La sentencia del Tribunal Supremo no es una casualidad ni un hecho aislado.

En estos casi treinta años de autogobierno vasco la voluntad política expresada en las urnas, los marcos jurídico-políticos de convivencia pactados entre Euskadi y el Estado español han sido sistemáticamente coartados, recortados, limitados y reconvertidos. A veces ha sido debido a la acción política, mediante leyes vulneradoras de derechos; en otras ocasiones, las más, la agresión ha procedido de la actuación constante y pertinaz de una justicia politizada al servicio de la desnaturalización del autogobierno vasco. Marcos competenciales desdibujados, limitación en la capacidad de gestión, sentencias uniformadoras, etc., se han sucedido en todo este tiempo gracias a la constante deriva de un poder judicial que, mayoritariamente, pasó de la dictadura a la democracia sin transición alguna y sin reciclaje democrático.

Pero de un tiempo a esta parte la vocación política de determinados magistrados y órganos judiciales ha hecho que la intromisión judicial en el ámbito político provoque situaciones límite como la que hoy vivimos.

El intento de anulación, por la vía de hecho, del Concierto Económico provocada por el propio Tribunal Supremo, con su próxima vista prejudicial en la Corte de Luxemburgo; la validación de leyes excepcionales ilegalizadoras de ideas y formaciones políticas, de aplicación arbitraria, dando cobertura a la restricción de derechos civiles que penalizan a una parte de la sociedad a la que se le priva de su derecho a la libre elección; la supeditación de la actuación y la autonomía parlamentaria reflejada en la sentencia dictada contra Atutxa, Knörr y Bilbao y la criminalización del diálogo para alcanzar la paz con el procesamiento del Lehendakari y de otros representantes políticos nos hace pensar que estamos ante un grave riesgo de involución política.

Algunos dirán, en su complacencia y afinidad con los objetivos definidos por esta estrategia de justicia politizada, que la pretensión de quienes firmamos este escrito es presionar a los magistrados, que sólo aceptamos los autos judiciales cuando éstos nos son favorables. Dirán igualmente que pretendemos situar a nuestros representantes institucionales por encima de la ley. Y no es cierto.

Pretendemos una Administración de Justicia como poder independiente, pero de ninguna manera admitiremos una Justicia como poder con autonomía política.

Nuestra pretensión no es ni presionar a los jueces ni menoscabar su imparcialidad. No queremos ni favores judiciales ni situar a nuestras instituciones y a sus representantes por encima de la ley.

Nuestra voz se alza para denunciar una estrategia que nos conduce al derrumbe de la democracia. Una estrategia que utiliza a determinados jueces como partisanos, como ariete de choque contra la voluntad de la ciudadanía. Y como representantes de esa misma ciudadanía, más que nunca, reivindicamos la acción política y, porque es consustancial a ella, el valor del diálogo. Acción política y diálogo sin cortapisas ni procedimientos viciados que impidan la convivencia y el entendimiento. Negar la política y el diálogo es tanto como negar la solución de los problemas y de los conflictos políticos como el que afecta a nuestro país.

Las instituciones que hoy se ven erosionadas por la vía judicial son el fruto de la voluntad de la sociedad vasca. Voluntad que hoy y mañana se seguirá expresando para decidir su presente y su futuro.

Con ese afán, en defensa de la legitimidad, de la dignidad de las instituciones vascas y de sus representantes, y como respuesta cívica de un Pueblo que exige respeto a su voluntad democráticamente expresada CONVOCAMOS A TODA LA CIUDADANÍA VASCA A MANIFESTARSE PACÍFICAMENTE EL PRÓXIMO SÁBADO, DÍA 26 DE ENERO, A LAS 18:00, POR LAS CALLES DE BILBAO.